La Fiscalía de Género y la Defensoría Penal de Río Grande implementan acuerdos en causas por desobediencia judicial que permiten resolver expedientes mediante mecanismos de reparación con impacto comunitario.
La modalidad se aplica en el marco del artículo 59 inciso 6° del Código Penal y posibilita cerrar procesos en trámite a través de soluciones alternativas. Durante el último mes se alcanzaron cuatro acuerdos bajo este esquema, un 50% más que en el mismo período del año pasado.
El mecanismo establece que, en lugar de continuar con todo el proceso penal hasta una sentencia, la persona imputada asuma una reparación concreta, que puede consistir en aportes económicos o donaciones de alimentos y productos de primera necesidad.
Los principales beneficiarios de estas medidas son comedores barriales y asociaciones civiles de la ciudad, que reciben insumos para sostener sus tareas de asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.
Desde el ámbito judicial señalaron que esta modalidad permite resolver los casos con mayor rapidez, al tiempo que promueve el enfoque de justicia restaurativa, orientado a reparar el daño y generar un beneficio social.
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