El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados para los servicios de luz y gas, que reemplaza la segmentación tarifaria anterior y establece criterios más estrictos para acceder a la ayuda estatal. La normativa vigente divide ahora a los usuarios en dos grupos: quienes mantendrán subsidios limitados y quienes pagarán el costo pleno de la energía.
Bajo este nuevo sistema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados, los hogares que posean ingresos superiores a ciertos umbrales, bienes de alto valor —como vehículos recientes, múltiples propiedades, embarcaciones o aeronaves— o activos societarios quedarán excluidos del beneficio estatal, con lo cual deberán afrontar tarifas completas.
La medida implica que muchos usuarios, incluidos algunos de ingresos medios que hasta ahora recibían subsidios parciales, perderán gradualmente el apoyo estatal y verán reflejado este cambio en facturas más elevadas, especialmente durante períodos de mayor consumo.
Para las pequeñas y medianas empresas, el endurecimiento de los criterios de acceso también puede traducirse en un aumento de costos operativos, al quedar fuera del subsidio aquellas pymes con capacidad económica significativa o niveles de facturación superiores a los parámetros definidos.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es focalizar la asistencia estatal en los usuarios con verdadera necesidad, fortalecer la sostenibilidad del sistema tarifario y corregir irregularidades del régimen anterior, aunque el cambio ha generado preocupación por sus efectos en la economía doméstica y en sectores productivos aún frágiles.
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