Una declaración judicial del polista Hugo Barabucci abrió una polémica en torno a la adquisición de unas 20.000 hectáreas en la provincia de Río Negro, presuntamente financiadas con fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos.
La revelación se produjo en el marco de un juicio por presunta usurpación, en el que Barabucci sostuvo que la compra de los terrenos se realizó con una transferencia de aproximadamente 2 millones de dólares desde el exterior.
Las tierras, ubicadas en una zona cordillerana de alto valor ambiental y cercana a áreas de frontera, incluyen recursos hídricos y se encuentran alcanzadas por normativas que regulan la propiedad extranjera.
A partir de estos elementos, se plantearon cuestionamientos sobre el posible incumplimiento de la Ley de Tierras y las restricciones vigentes en zonas de seguridad de frontera.
En el mismo proceso judicial, la persona acusada de usurpación fue absuelta, mientras que la declaración del empresario abrió nuevas discusiones legales sobre la validez de la operación.
El caso pone en debate los mecanismos de control sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros en la Patagonia y su impacto en términos territoriales y regulatorios.
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