El Banco Mundial volvió a cuestionar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, al calificarlo como una “política industrial fallida” y estimar un costo fiscal de 1.070 millones de dólares anuales para el Estado argentino.
El señalamiento forma parte de su informe sobre América Latina, donde advirtió que el esquema presenta fallas de diseño, carece de mecanismos de reducción de beneficios y no ha generado mejoras significativas en productividad ni desarrollo tecnológico. Además, sostuvo que las empresas operan con ventajas derivadas de exenciones impositivas y que la actividad no resulta autosustentable.
El organismo también planteó que este tipo de regímenes basados en sustitución de importaciones han sido “desilusionantes” en la región y recomendó avanzar hacia políticas industriales orientadas a la innovación, la apertura y el fortalecimiento institucional.
En ese marco, advirtió que el sistema fueguino incentiva la importación de insumos sin aranceles y su posterior comercialización con beneficios fiscales, sin generar valor agregado significativo, y que su continuidad responde más a decisiones políticas que a resultados económicos.
Sin embargo, desde distintos sectores se cuestiona que el análisis se limita a variables económicas y omite el carácter estratégico del régimen, vinculado al empleo, el desarrollo productivo y la presencia argentina en el extremo sur.
En esa línea, se destaca que la política permitió un fuerte crecimiento poblacional y consolidó un polo industrial que hoy es uno de los principales motores de empleo de la provincia, por encima incluso del turismo.
El debate se da en un contexto de desaceleración económica regional —con proyecciones de crecimiento del 2,1% para 2026— y en medio de discusiones sobre el futuro del modelo productivo fueguino, su sostenibilidad fiscal y su rol en términos económicos y geopolíticos.
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