En primer lugar, es imperativo subrayar que ningún decreto puede alterar la Ley 19.640. Resulta evidente que cualquier modificación sustancial a esta norma debería ser objeto de un tratamiento especial en el Congreso, a través de un debate exhaustivo y transparente. La adopción del decreto mencionado, aunque brinda cierta tranquilidad a los ciudadanos de Tierra del Fuego, introduce un elemento innecesario, que además suma precariedad e incertidumbre de cara al futuro.
Promo invernal
La utilización de un decreto como salvaguarda de una ley refleja una jugada política cuyas intenciones permanecen nebulosas, pero que ha generado una situación de angustia innecesaria. Si bien hoy nos atemperamos en la falsa protección que ofrece este decreto, mañana podríamos encontrarnos con un cambio de gobierno que modifique dicha reglamentación, exponiendo nuevamente a la población a la temida imposición de Ganancias.
Este episodio ha desatado un debate político que nunca debería haber emergido, provocando una confrontación entre opositores y oficialistas que ha incrementado la ansiedad y el desconcierto entre los ciudadanos. Cabe recordar que quienes hoy cuestionan la posible modificación de la Ley 19.640, son los mismos que hace doce años vitoreaban el decreto 751 de 2012, emitido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que excluyó parcialmente de los beneficios de la ley a la actividad hidrocarburífera y gasífera de la provincia, perjudicando notoriamente la economía local.
Comentarios recientes