Una vecina de Tierra del Fuego debió acudir a la Justicia tras esperar más de un año sin obtener respuesta administrativa a su solicitud de pensión por discapacidad, lo que motivó la intervención del Superior Tribunal de Justicia.
Ante la falta de resolución, la mujer presentó una acción de amparo para que se definiera su trámite. Durante el proceso judicial, la administración provincial finalmente se expidió sobre el pedido, por lo que el Tribunal entendió que el conflicto había quedado sin materia actual.
Sin embargo, el STJ señaló que la demora en brindar una respuesta resultó injustificada y que la solicitante se vio obligada a recurrir a la vía judicial para obtener una definición sobre su situación.
En el fallo también se remarcó la condición de discapacidad de la mujer, recordando que las personas en situación de vulnerabilidad requieren respuestas más rápidas y eficaces por parte del Estado.
En ese marco, el Tribunal dispuso que la Provincia asuma las costas del proceso, al considerar que la actuación tardía de la administración motivó la intervención judicial.
Además, se regularon los honorarios del abogado de la amparista, al entender que su intervención profesional fue determinante para que la solicitante obtuviera finalmente la resolución sobre su pensión.
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