La legisladora porteña Graciela Ocaña solicitó formalmente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), conducida por Claudio Adrián Stivelman, la intervención inmediata de la Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca).
En una carta dirigida a las autoridades, Ocaña denuncia una «incorrecta y mala administración» de los recursos, señalando un contraste ético y financiero alarmante: una obra social al borde de la quiebra frente a una dirigencia con un patrimonio en constante expansión.
Según la documentación presentada por la ex diputada nacional, la situación contable de Oschoca es crítica. Las cifras que maneja la Federación Nacional de Camioneros revelan un panorama desolador. La deuda en el interior, en las 23 seccionales de las provincias, tiene un déficit que alcanza los $32.400 millones (a febrero de este año).
Al sumar el área de Buenos Aires, que concentra al 50% de los 190.000 afiliados, el «rojo» financiero escalaría hasta los $60.000 millones. En relación a su Patrimonio Neto, entre 2017 y 2022, la entidad presentó un patrimonio neto negativo de -$7.284.162 y resultados operativos deficitarios.
“La realidad es numérica: Oschoca debería ser un modelo de prestaciones, sin embargo, vemos una obra social pobre y una familia Moyano rica”, sentenció Ocaña en su presentación.
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