El Gobierno nacional impulsó un nuevo proyecto de ley que modifica el régimen de discapacidad vigente y reabre un conflicto político de alto impacto, tras haber sido uno de los debates más sensibles del último año.
La iniciativa, enviada al Senado por el Ministerio de Salud, propone cambios en el acceso a pensiones por invalidez, limitando el beneficio a personas imposibilitadas de trabajar y eliminando su compatibilidad con el empleo formal. Además, plantea la desregulación de aranceles en prestaciones, que dejarían de regirse por un nomenclador único para pasar a acuerdos entre prestadores y financiadores.
El proyecto también incorpora mayores controles, con auditorías y un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios. En paralelo, organizaciones del sector ya convocaron a movilizaciones, en un escenario que anticipa nuevas tensiones políticas y sociales en torno al sistema de discapacidad.
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